Un dato que encendió las alertas en la industria automotriz y pasó casi de largo en la conversación pública fue el despido de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuilaa finales de enero. Aunque la versión oficial habló de una menor demanda de vehículos eléctricos, para la Confederación de Trabajadores de México en el estado, el origen del ajuste tiene relación con el endurecimiento de la política arancelaria de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.
Y es que fabricar un auto o una camioneta implica acero, componentes y cadenas de suministro hoy presionadas por aranceles de hasta 100% al acero, más un 25% aplicado a los vehículos. Esa combinación elevó costos de manera abrupta y terminó por empujar decisiones que las armadoras prefieren ejecutar en silencio. La preocupación, además, no se limita a un solo nombre. Empresas con fuerte presencia en la región y relación sindical activa, como Ford y Stellantisaparecen en el radar de una dinámica que se repite: ajustes graduales, bajo perfil y con efectos acumulativos. No es casualidad que el fenómeno tenga como epicentro a Coahuiladonde se concentra el clúster automotriz más importante del país.
Ahí, el impacto comienza a tomar forma de avalancha. Antes de que concluya el primer trimestre, la oleada de despidos podría alcanzar hasta nueve mil personas si se consideran los efectos indirectos en hoteles, comercios y servicios. Al menos tres mil corresponden directamente al sector automotriz. Se trata de personal técnico especializado que no se reemplaza con facilidad y cuya salida debilita la capacidad de recuperación regional cuando el ciclo económico intenta recomponerse.
Es justo en este punto donde el golpe se vuelve más evidente en el segmento de vehículos pesados. Desde noviembre de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 25% a camiones, tractocamiones y componentes importados —clases 3 a 8—, una medida que impacta de lleno a las plantas mexicanas integradas a estas cadenas de suministro. A diferencia de otros segmentos, aquí el margen para costos de absorción es mínimo y la presión se traslada de inmediato a producción, empleo e inversión. Con más del 90% de la producción destinada al mercado estadounidense, la desaceleración de la demanda y el giro proteccionista de Washington dejaron al sector prácticamente sin red de protección.
La inversión reaccionó como era de esperarse. El “espera y verás” se convirtió en la estrategia dominante, expansiones detenidas, nuevas líneas de producción pospuestas y capital concentrado en sostener las operaciones actuales. El deterioro del Índice de Confianza Empresarial en fabricación refleja un entorno marcado por la falta de certidumbre jurídica, señales mixtas en política energética y un marco comercial que sigue sin definiciones claras rumbo a la revisión del T-MEC.
A este escenario se suman problemas internos como la revisión del acuerdo comercial, que apunta a Reglas de Origen más estrictas ya un mayor Valor de Contenido Regional, abriendo una ventana al deslocalización cercana que choca con una realidad conocida: la infraestructura eléctrica y de agua no crece al ritmo que exige la relocalización de proveedores. En el mercado interno, la falta de presupuesto eliminó programas de renovación de flota y esquemas de chatarrización; con una cobertura de Diesel de Ultra Bajo azufre De apenas el 78%, los transportistas evitan adquirir unidades modernas. El resultado es una “chatarrización” de facto: 65 de cada 100 unidades que ingresan al parque vehicular son usadas, principalmente importadas.
En conclusión, la industria de vehículos pesados requiere coordinación efectiva de las autoridades para recuperar la senda del crecimiento. La incertidumbre comercial frente a la revisión del T-MECla necesidad de una política comercial alineada con el sector privado, el freno a la importación desmedida de vehículos usados, estándares claros para importaciones y compras públicas, y la urgencia de atraer inversiones que favorezcan la renovación de la flota no son peticiones extraordinarias, son condiciones mínimas para evitar que el ajuste actual deje de ser transitorio y se convierta en un problema estructural.
Jaloneo por clínicas
La admisión de la inconformidad IC/002/2026 contra la licitación para la contratación del Servicio Integral de Laboratorio Clínico del ISSEMYMaceptada por la Contraloría mexiquense, vuelve a colocar bajo revisión un contrato clave para la operación hospitalaria del instituto encabezado por Ignacio Salgado. El recurso, promovido por Centrum Promotora Internacionalobliga a transparentar propuestas técnicas, económicas y el fallo de un proceso señalado por posibles sobrecostos que podrían rebasar los 80 millones de pesos. El caso revive además el antecedente de 2025, cuando la autoridad anuló una licitación adjudicada por un diferencial de 73 millones de pesos y ordenó reponer el procedimiento, episodio que derivó en investigaciones administrativas contra integrantes del Comité de Adquisiciones, quienes no acataron la resolución de la autoridad fiscalizadora.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADORA
Gorjeo: @ARTURO_RDGZ
MAAZ
