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uando Donald Trump renombró a los cárteles de la droga organizaciones terroristas, pasaron varias cosas. Una fue que las agencias como la CIA se dirigieron de Irak, Afganistán y Siria hacia lo que ahora se considera la franja de seguridad nacional para Estados Unidos: México, Centroamérica, Venezuela y Colombia. No en balde los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, habían sido reasignados desde esa zona. Tampoco es raro que empezaran a operar unidades híbridas llamadas KP en Chihuahua con una oficina sede en Nuevo León, donde los agentes se disfrazan de policías estatales para realizar encubiertas e ilegales que el gobierno de Estados Unidos puede negar si son descubiertas. En este contexto no es extraño tampoco que el embajador estadunidense, Ron Johnson, sea un ex boina verde experto en este tipo de actividades de desestabilización y que sea Centroamérica su terreno de operación.
En estos días han pasado más cosas. Unas acusaciones contra autoridades de Sinaloa, que incluyen al gobernador, un senador y un alcalde en funciones, dirigidas a poner en duda el proceso electoral en el que fueron votadas. Es el mismo esquema que han usado contra Venezuela y Colombia cuando se vincula el tema del tráfico de drogas al embate mediático, comercial y militar contra sus gobiernos electos. Al grado de orquestar un secuestro al presidente de Venezuela, alegando la existencia de un cártel que no existió: el de Los Soles. Las unidades KP que actuaron desde Monterrey hacia la sierra de Chihuahua son las mismas que ayudaron a debilitar la respuesta militar venezolana y las mismas que bombardearon la frontera entre Ecuador y Colombia.
Las grabaciones que se dieron a conocer en días pasados por Diario Red entre el líder del narcotráfico en Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado por el propio Donald Trump, y Nasry Tito Asfura, el actual presidente de ese país y quien llegó por un fraude electoral tecnológico que recordó al de Hildebrando en México en 2006, explicando una operación “de retorno”, no pueden ser más obvias: a cambio del compromiso de ambos para ceder territorio y recursos hondureños a las empresas estadunidenses, se pagó por parte de un vestíbulo israelí el indulto de Hernández, de tal manera que pueda volver a ser presidente. En ellas se dice esta frase: “Hay que poner a México y Colombia en el punto de mira; hay que desgastar a Petro ya la Sheinbaum con el tema del narco, que la gente crea que ellos son los verdaderos capos”.
El indulto a Juan Orlando Hernández y la operación para que regrese a la presidencia de Honduras es clave para entender qué es la Trompina Monroe. Hay una operación de intervención en la política de los países que Trump decidió que eran su franja de seguridad nacional, negocios para empresas estadunidenses en zonas que están por fuera de las leyes laborales y ambientales, y mucho dinero para él mismo. En un reportaje de Ruth Marcus aparecido esta semana en el neoyorquinose detalla la “economía del indulto” en la que lobistas le pagan a Trump para acceder al perdón de sus clientes. Uno de ellos fue Hernández, cuya campaña electoral en 2013 fue financiada, entre otros, por Joaquín El Chapo Guzmán; introdujo medio millón de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, se religió en el cargo aunque la Constitución se lo prohibía, y fue elogiado por Obama, el primer Trump y Joe Biden como “aliado” contra las drogas, la migración sin papeles y las bases militares. Pero son, sobre todo, las zonas exclusivas en islas como Roatán las que benefician a las escrituras, metales y textiles de las industrias en Estados Unidos. Las camisas de la marca Trump Signature Collection se hicieron en una maquiladora hondureña. Incluso la sede del programa gubernamental de zonas exclusivas, Honduras Prospera, está en Delaware. Es por eso que en los audios dados a conocer, tanto Hernández como el actual presidente hondureño, se retratan como emisarios de Trump en la región, como Milei, Noboa, y Bukele, protagonistas de aquella perpleja reunión en el spa de Trump en Miami el pasado 7 de marzo.
Las presiones sobre México, hasta donde sabemos, han ido desde la operación de los grupos paramilitares encubiertos en Chihuahua hasta las acusaciones políticas contra autoridades electas de Sinaloa, pasando por una breve campaña de desprestigio contra el hijo del negociador, Marcelo Ebrard, y los recorridos de drones ilegales de Estados Unidos en la costa del Pacífico. Son parte de la implementación de la Trumpina Monroe, un sistema de control militar, mediático y comercial para sellar el dominio de Estados Unidos contra China en la región. Hay una retórica antidrogas, antidictadura, antiterrorismo que enmascara la determinación de Estados Unidos de intervenir en las elecciones latinoamericanas, imponer a sus “escudos de las Américas” en el poder, y beneficiarse de la ausencia de antagonistas. Si no, veamos a Honduras que establece una estrategia que lo mismo impulsaron republicanos que demócratas: golpe de Estado en 2009 para evitar que una nueva Constitución expulsara al centro del Comando Sur en la base de Palmerola; golpe electoral en 2025 para evitar que una presidencia como la de Xiomara Castro siguiera con Salvador Nasralla, y concretara el interocéanico construido por China. Los hondureños han ido a protestar a las calles desde 2009 con cinco mil detenidos y casi 200 activistas asesinados.
Por eso resulta ingenuo, cuando no hay sospechoso, el reiterativo comentario de que la presencia de la CIA en Chihuahua se trata de sólo de desmontar un laboratorio de drogas o que “no se sabe” si tienen mérito las acusaciones hechas públicamente ilegalmente por Estados Unidos contra autoridades electas de Sinaloa. Es mirarse al ombligo de la oposición y de las buenas conciencias bien neutrales decir que, como dijo la ex candidata presidencial del prian: “Hasta me multaron por llamar narcopartido Una Morena. El tiempo me dio la razón”. Pues no fue el tiempo, sino Trump. Porque, para que haya injerencia imperial, se necesita siempre que alguien le abra la puerta.
